PIÉLAGOS

En la sala de espera de los derribos

Los 400 propietarios de la urbanización Costa Verde, en Boo, aguardan una decisión del juzgado a las peticiones de demolición presentadas por ARCA y Gobierno regional La Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno al proyecto, mientras que la de Urbanismo lo denunció

GONZALO SELLERS/BOO

Batallas políticas, perjuicios medioambientales, destrucción de restos arqueológicos... Son muchas las razones que se han esgrimido para explicar la coyuntura que vive la urbanización Residencial Costa Verde, en Boo, pero lo cierto es que sus propietarios, 400 vecinos en total, se han visto salpicados por un proceso judicial que no entienden. Y es que el mismo Gobierno regional que dio el visto bueno a su construcción es parte demandante en el litigio para su derribo.

El plan parcial El Cuco 1, donde se ubica la urbanización todavía en construcción, fue aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Piélagos justo antes de que el Gobierno de Cantabria pudiese sacar adelante el Plan de Ordenación del Litoral (POL), donde esos terrenos se consideraban área de interés paisajístico.

Ya calificados los terrenos como urbanizables, la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno para construir en la zona, por lo que el Ayuntamiento entregó las licencias de obra para dos urbanizaciones: El Cuco 1 (Fadesa) y El Cuco 2 (Ascán).

La primera de ellas fue denunciada en un primer momento por la Consejería de Urbanismo del Gobierno regional, que alegó un «elevado impacto paisajístico». El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) lo desestimó por entender que fue el propio Ejecutivo autonómico -en concreto su Consejería de Medio Ambiente- el que aprobó las obras en la zona. Este proceso sigue abierto por el recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).

Por otro lado, la asociación ecologista ARCA ha denunciado el Plan Parcial ante el TSJC, basándose en el temor a que destruya los restos arqueológicos situados en el Alto del Cuco: una red de trincheras y búnkeres de la Guerra Civil española que la Consejería de Cultura estudia catalogar como Bien de Interés Cultural. Además, las licencias que se van concediendo en cada sector son respondidas por los conservacionistas con una nueva denuncia.

El pasado domingo, una representación de estos 400 afectados se reunió para crear una asociación y así poder defender sus intereses de forma conjunta. Muchos han recibido de Fadesa la misma respuesta («los permisos están en regla y sólo es un tema político») y casi todos han recibido la carta del Ayuntamiento para personarse en el juicio si lo desean.

Una de ellos, María Jesús Escobar, de 41 años, también opina que todo se debe a una «batalla política en la que los vecinos somos los daños colaterales. Esto no ocurriría 100 metros más allá, en Bezana, porque en ese municipio gobiernan otros». María Jesús es publicista, vive actualmente en Reocín y ha comprado en esta urbanización un chalet pareado por 300.000 euros, donde tiene previsto irse a vivir con su marido y sus dos hijos.

Esta vecina pretende cambiar de residencia para buscar más calidad de vida «después de muchos años trabajando y ahorrando este dinero». Por esa razón, se siente «engañada por una Administración corrupta, una Justicia injusta y unos sinvergüenzas que dicen defender la naturaleza».

Como muchos de los que están en su misma situación, María Jesús tiene previsto unirse al resto de afectados para defenderse. «Pagamos una millonada por cuatro ladrillos, y se dedican a convertir nuestros sueños en pesadillas y las ilusiones en preocupaciones», denuncia.

Blanca del Piñal no pudo asistir a la reunión porque vive en Canarias. Ahora, después de muchos años recorriendo España por el trabajo de su marido, banquero, quieren volver a la «tierruca», como dice. Por eso decidió invertir casi 300.000 euros en un adosado de la Residencial Costa Verde. «Además, en verano, Navidad y Semana Santa vendrán nuestras dos hijas, los nietos...», explica. Pero la ilusión ha dejado paso a la «impotencia», por eso Blanca aboga por la unión de los afectados y así «tener más fuerza».

Engañados

Luis Lobeto, de 63 años, es celador en un hospital, mientras que su esposa, Ángela Díaz, de 60 años, es ama de casa. Actualmente residen en Santander, pero han adquirido, por 230.000 euros, una vivienda en esta zona. «Mi marido se jubila y queremos irnos cerca de mi hija, que vive en Maoño», señala Ángela. Esta situación les pilló por sorpresa cuando recibieron en su casa la carta del Ayuntamiento.

Acto seguido fueron a informarse a las oficinas que Fadesa tiene en la zona de construcción. «Nos dijo que no era importante y que en dos meses estaría todo solucionado», recuerda Ángela.

Esta pareja se siente «agobiada, engañada, desprotegida y mal informada». «Si este problema no está solucionado cuando llegue el momento de firmar las escrituras no sé qué vamos a hacer, necesitamos vender nuestro piso para poder irnos», denuncia.

Más espacio

Nelida Vega, 24 años, y Rodrigo Portilla, 28 años, viven en un piso de 65 metros cuadrados que compraron hace dos años. Sin embargo, decidieron adquirir por 300.000 euros un adosado en Costa Verde para «tener en un futuro espacio para nuestros hijos». En Fadesa les dijeron que todo era una «tema político para que el actual alcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP), no salga reelegido en las próximas elecciones».

Ellos reconocen que la urbanización rompe con el entorno, pero «cuando esté finalizada quedará muy bonita y se rellenarán todos los espacios verdes». «Lo único que pedimos es que no nos mareen, nos cuesta mucho ganar el dinero necesario para comprar esa casa», apuntaron.

En el caso de que el juzgado dictase un fallo favorable a la demolición, esta urbanización concentraría a casi la mitad (el 43 por ciento) de los afectados por sentencias firmes de derribo en toda Cantabria, que en este momento suman 536.

ARGOÑOS

Manifestación de la AMA contra la corrupción urbanística en Cantabria

Los afectados estudian interponer una querella criminal contra los culpables

ROBERTO ALONSO/ARGOÑOS

Alrededor de 150 personas participaron en la manifestación convocada por la AMA en Argoños. / R. A. Alrededor de 150 personas participaron ayer en la manifestación que tuvo lugar en Argoños contra la corrupción urbanística en Cantabria, convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas.

El presidente del colectivo, Antonio Vilela, avanzó que sus abogados estudiarán interponer una querella criminal contra los posibles culpables; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, y los alcaldes involucrados.

Así, durante la marcha que recorrió las principales calles de Argoños y concluyó en la Casa Consistorial, se pudieron escuchar gritos por parte de los participantes como 'Revilla y Gorostiaga, dimisión', 'Gorostiaga el que la hace la paga', 'Cantabria, la segunda Marbella' y 'Somos víctimas de la corrupción'.

Los afectados tampoco se olvidaron de incidir en que no se debe derribar y es posible una solución.

De hecho, respecto a la situación que viven los vecinos de El Encinar y la posible anulación de la adjudicación de la demolición a la empresa Erri-Berri, el presidente señaló tan solo que "nos oponemos a cualquier derribo".

Bosque de la AMA

Otra de las iniciativas que pretenden llevar a cabo es la creación del Bosque de AMA. El proyecto está coordinado por el doctor en Biología, Pablo Bahillo, y el objetivo es plantar veinte encinas en un terreno limítrofe entre Argoños, Noja y Arnuero. "Será nuestro homenaje a la naturaleza y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo del sufrimiento de las víctimas", comentó Bahillo.

'Contra la corrupción urbanística' fue el nuevo lema que para esta reivindicación escogió la AMA, aunque también se pudieron ver pancartas con los rótulos 'Legalización es la solución' y 'Legalización y justicia. Somos víctimas', así como banderas amarillas y monigotes de inocentes, de color negro.

536 viviendas

El presidente de la AMA explicó que en Cantabria existen 2.500 personas, de 536 viviendas, entre Arnuero, Argoños, Escalante, Piélagos y Miengo, con sentencia firme de derribo, otras 2.000 involucrados en problemas urbanísticos en municipios como Castro Urdiales o Piélagos.

En cuanto a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, Vilela comentó que no soluciona los problemas de los afectados, a pesar de que el consejero de Urbanismo, José Vicente Mediavilla, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunciaron que podía ser una solución.

"No se buscan soluciones ni se juzgan a los verdaderos culpables", recalcó Antonio Vilela, afectado por una sentencia de derribo en Argoños.

EL CORREO 22.01.07

VIZCAYA

La empresa adjudicataria rechaza derribar los pisos ilegales de Arnuero sin el consenso de los vecinos

JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO

PROTESTA realizada ayer por los afectados. / DIARIO MONTAÑÉS A pesar de que lo exige el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el derribo de los pisos ilegales de Arnuero parece estar todavía lejos.

Cuatro meses después de que el Ayuntamiento adjudicara a Erri Berri la demolición de la primera fase, 22 pisos a medio construir en la promoción de El Encinar, la empresa todavía no ha cogido la piqueta. "Se niega a empezar si no hay un acuerdo previo entre las instituciones y los afectados", reconoció ayer el presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela.

300 personas se manifestaron ayer en la localidad cántabra para denunciar la corrupción urbanística "generalizada en España".

Erri Berri siempre se ha mostrado partidaria de que se llegue a un acuerdo antes de derribar las primeras de los 144 viviendas declaradas ilegales en Arnuero. Sus responsables han reconocido la conveniencia de que se produzca una reunión entre ambas partes, "para normalizar el ambiente antes de decidir".

"A nosotros nos ha reconocido haberse sentido un tanto engañada porque desconocía la problemática social que giraba en torno a estos pisos antes de presentarse al concurso público para su demolición", explicó Vilela. Los afectados agradecieron a la firma el "tratamiento" que ha dado a la situación.

Esperanza de solución

AMA siempre ha defendido que el Parlamento de Cantabria establezca las medidas correctoras que permitan regularizar la situación de cerca de 2.000 afectados por la misma problemática en la comunidad autónoma. Otra vía posible es la modificación de los planeamientos urbanísticos de los municipios afectados. Y una tercera sería que, "con compromisos escritos y partidas presupuestarias aprobadas", se proceda a los realojos de los vecinos en nuevas casas levantadas en terrenos adecuados.

Ninguna de las tres opciones, sin embargo, ha sido aprobada por las instituciones. Al contrario, el Ayuntamiento de Arnuero ha anunciado que esta semana se abrirá el expediente para buscar una solución definitiva al derribo de los 22 pisos ilegales. El procedimiento administrativo puede concluir con sanciones a Erri Berri por no haber ejecutado los trabajos. Antes la institución local escuchará sus alegaciones. Incluso cabría la posibilidad de reiniciar el proceso de adjudicación desde el principio.

En la manifestación de ayer, AMA contó con el apoyo de vecinos no afectados por los derribos. "El pueblo se ha solidarizado con nuestro dolor", le agradeció Vilela. Según datos recabados por la propia asociación, un 1 millón de personas podrían estar afectadas por la corrupción urbanística en España. "Incluso la Unión Europea ha llamado la atención al Gobierno central por estas irregularidades", denunciaron

< La AMA dice que actúo dentro de la legalidad con Erri-Berri

R. ALONSO/SANTANDER

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que integra a los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, asegura que ha actuado dentro de la legalidad vigente a la hora de dirigirse a los responsables de la empresa Erri-Berri, adjudicataria del concurso de derribo.

Desde este colectivo no comprenden «cómo se puede abrir una investigación por supuestas amenazas cuando ni siquiera la empresa implicada lo ha pedido y, sin embargo, no se procede contra quienes han actuado al margen de las normas».

El presidente de la asociación, Antonio Vilela, pide a la Fiscalía que «no convierta a las víctimas en responsables de la actuación errónea de otros organismos como el Ayuntamiento de Arnuero, que no informó a la empresa Erri-Berri del problema de injusticia social que existe con los vecinos del Encinar».

La AMA no entiende cómo la Fiscalía, en diez años, no ha abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria.

Por último, los afectados exigen a la Fiscalía que investigue el urbanismo en Cantabria y que protejan a los ciudadanos inocentes.

«Esperamos que, a la mayor brevedad posible, se esclarezca el asunto de Erri-Berri ya que la misma produce daño en la imagen de los ciudadanos», declaró a EL DIARIO MONTAÑÉS Antonio Vilela.

Vecinos de Arnuero critican que se investiguen las amenazas a la adjudicataria de los derribos

S. ZUBELDIA/CASTRO

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) calificó ayer de «increíble» que la Fiscalía haya decidido investigar las supuestas amenazas vertidas contra la empresa Erri Berri por parte de los afectados de los derribos de Arnuero. No comprenden que el Ministerio Público haya abierto diligencias «cuando ni siquiera la entidad implicada lo ha pedido y, sin embargo, no procede contra quienes han actuado al margen de las normas establecidas», razonaron en un comunicado emitido ayer.

Cabe recordar que la Fiscalía inició sus pesquisas en base a la denuncia que presentó hace unas semanas la asociación ecologista Arca, responsable de las demandas que propiciaron el fallo de demolición contra los apartamentos de Arnuero.

Un portavoz de Erri Berri reconoció hace dos meses que la entidad había recibido «treinta o cuarenta anónimos» en tono amenazante por parte de los afectados, en los que se les instaba a no llevar a cabo la demolición. No obstante, los vecinos siempre han desmentido haber presionado a la constructora.

«Es increíble que además de sufrir durante tantos años la injusticia por las actuaciones de los poderes públicos, la primera actuación que conozcamos de la Fiscalía sea una investigación a las víctimas», se duele la AMA.

En opinión del colectivo, el Ayuntamiento de Arnuero tendría una mayor responsabilidad sobre el problema porque «no informó a la empresa del conflicto de injusticia social que sufren los vecinos de El Encinar», aducen.

La Asociación, que ha convocado una manifestación contra la corrupción urbanística el próximo 21 de enero a las 12.00 horas en Argoños, no comprende «cómo es posible que con 21 sentencias de derribo, cuatro resoluciones que condenan al Gobierno regional y a varios Consistorios por daños morales a los ciudadanos y más de 2.500 afectados, el ministerio público no haya abierto ninguna investigación contra la corrupción urbanística en Cantabria».

Erri-Berri no se pronunció sobre el derribo de El Encinar

Según el alcalde, el plazo para que la empresa se decidiese concluyó ayer El secretario municipal abrirá un expediente para seguir el proceso

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

La empresa navarra Erri-Berri, adjudicataria del concurso del derribo de los 24 primeros apartamentos de la urbanización El Encinar, en Isla, no se pronunció ayer sobre la demolición.

Asi lo aseguró el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), quien señaló hace unos días que el plazo para decidirse sobre esta actuación finalizaba ayer, miércoles, día 27 de diciembre.

El máximo responsable municipal indicó que el secretario municipal deberá abrir ahora un expediente para seguir con el proceso. La empresa perderá la fianza inicial presentada, que ascendió a 3.000 euros, y se deberá determinar sí se convoca un nuevo concurso público o la segunda oferta más ventajosa es la beneficiaría del derribo.

Sin embargo, el secretario también estudiará la posible incompatibilidad de esta segunda oferta a la hora de ejecutar la demolición, ya que Cenavi fue quien construyó esta urbanización y también presentó la segunda oferta más ventajosa en la UTE formada con Excavaciones Bedia.

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, que incluye a los afectados por los derribos, aseguró que «no sabemos nada sobre la decisión de Erri-Berri».

Vilela explicó que la semana pasada envió un correo electrónico a los responsables de la empresa para reconocer su sensibilidad y su reflexión sobre la situación de los afectados, y al mismo tiempo les pidió que renunciasen al derribo.

SENTENCIAS DE DERRIBO

El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno regional deberán indemanizar a los propietarios de otra urbanización por daños morales

Los vecinos percibirán 12.000 euros si se trata de la primera vivienda y 9.000 si es la segunda residencia

El Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria deberán de indemnizar conjuntamente a los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', en Argoños, sobre los que pesa una sentencia firme de derribo sin ejecutar, con 12.000 euros en concepto de daños morales si se trata de la primera vivienda y de 9.000 euros si es la segunda residencia, eso sí, en cualquiera de los casos si la propiedad se adquirió antes del 23 de mayo de 2000, fecha en que se anuló la licencia de la urbanización.

EP / SANTANDER

Así lo ordena la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en una sentencia hecha pública hoy, que recoge jurisprudencia en la línea de otro fallo judicial de marzo de 2005, que también condenaba al Ayuntamiento de Arnuero y al Gobierno regional a idénticas indemnizaciones por daños morales a los propietarios de la urbanización 'El Encinar' de Arnuero.

La sentencia, remitida íntegramente por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), explica que de las 78 familias que reclaman indemnizaciones, tienen derecho a recibir contraprestaciones por daños morales unas 70, dejando a otros ocho fuera porque adquirieron la vivienda "asumiendo el riesgo de que se trataba de inmuebles litigiosos", es decir, después del 23 de mayo de 2000.

Así, el TSJC estima que los propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', promovida por la empresa 'Satec SL', vienen padeciendo a cuenta de la sentencia de derribo "zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas", reconociendo su derecho a un "resarcimiento económico" por daños morales.

INDEMNIZACIÓN POR LA PÉRDIDA DE LA VIVIENDA

En cuanto a las indemnizaciones por la pérdida propiamente de las viviendas, la Sala, presida por María Teresa Marijuán, concluye que dado que las demoliciones no se han producido todavía, "será en el momento en que se lleve a cabo la orden de demolición cuando podrán determinarse en su integridad los perjuicios causados".

El Ayuntamiento de Argoños otorgó la licencia de construcción a dicha urbanización el 4 de noviembre de 1997, siendo revocada "en primera instancia" el 23 de mayo de 2000, si bien la Sala también condena al Gobierno de Cantabria a pagar solidariamente las indemnizaciones porque dicha nulidad de licencia se basaba también en la "aprobación de un estudio de detalle que territorialmente afecta a tres municipios diferentes y de lo cual es responsable también la Administración regional".

INDEMNIZACIONES "TREMENDAMENTE BAJAS"

Ante esta nueva sentencia dictada por el TSJC sobre urbanizaciones con sentencia de derribo firmes, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha remitido un comunicado en el que valora "positivamente" tanto la condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, como la concesión de indemnizaciones morales, aunque "sean tremendamente bajas".

Además, critican que las indemnizaciones morales se limiten hasta la fecha del 23 de mayo de 2000, "ya que los compradores lo hicieron de buena fe después de esa fecha". Desde AMA se lamenta también que se considere que el daño material no es efectivo hasta el derribo de las viviendas, "cuando no podemos disponer de nuestro patrimonio y las viviendas hipotecariamente no tienen valor".

"No entendemos cómo puede haber una situación de irregular tan clara y que no haya ningún responsable de la misma por ninguna parte", afirma AMA, pues "se condena al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños, y nadie es responsable de esas actuaciones no ajustadas a derecho".

Es por ello que la asociación, constituida mayoritariamente por ciudadanos vascos, pide al Gobierno de Cantabria que "con esta nueva sentencia en su contra tiene que tomar decisiones rápidas para solucionar este grave problema, y la más adecuada es invertir en las diferentes urbanizaciones para que cumplan la legalidad vigente y hacer posible su legalización".

Investigan por construirse chalés en suelo rústico a ecologistas que piden derribos en Cantabria

Afectados por las sentencias de demolición llevan a los tribunales a miembros de Arca al construirse tres casas cerca de Noja sin respetar en su opinión las normas urbanísticas

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

BAJO SOSPECHA. La vivienda del responsable del grupo ecologista se encuentra en Ribamontán al Monte. / D. M. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico de la localidad cántabra de Ribamontán al Monte, cerca de Noja. El proceso no dejaría de ser uno más de los muchos abiertos en la comunidad vecina de no ser porque los dueños de las viviendas son la esposa del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, una de las procuradoras que trabaja habitualmente para el grupo y un familiar de ésta.

La denuncia fue interpuesta por varios afectados por las sentencias de derribo que pesan sobre 16 urbanizaciones de la costa cántabra. Da la casualidad de que fue precisamente Arca el colectivo que promovió las decisiones de demoler las viviendas por haber sido construidas bajo graves irregularidades urbanísticas. El pasado septiembre, los demandantes pusieron en conocimiento del juez la existencia de tres edificios edificados «con dudosa legalidad» en terreno rústico.

Marcos Campos, promotor de la demanda, relató que los tres implicados «adquirieron hace años una finca rústica de 21.469 metros cuadrados en una zona conocida como Riocueva y en pleno monte». El anterior dueño del terreno había intentado segregarlo en distintas parcelas. Esta operación permitiría eludir el apartado 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, vigente hasta finales de los 90 y que rige la operación del miembro de Arca, por el cual se permite edificar una vivienda en una parcela rural siempre y cuando no haya más en la misma finca.

La reparcelación de la zona, sin embargo, nunca fue aprobada por el Ayuntamiento de Ribamontán. «Aun así, Canales y los otros dos implicados solicitaron en un breve plazo de tiempo y de forma consecutiva permisos para construir tres casas en otras tantas parcelas de entre 5.000 y 6.800 metros cuando legalmete sólo existía una finca», detalló Campos.

Actuación «fraudulenta»

«Primero pidió la autorización el presidente de Arca, y se la dieron. Luego, los otros dos consiguieron el visto bueno, dado que no había pasado el tiempo suficiente para que la primera casa estuviese levantada. De esa forma burlaron el artículo 44.2», advirtió el demandante, afectado por una sentencia de derribo en Liencres. Según el despacho de abogados que tramita la querella, «los propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que no había vivienda alguna, cuando sabían que se estaban gestionando las tres suyas».

La denuncia también refleja otras irregularidades, como «la diferencia entre el proyecto presentado en el Ayuntamiento y el resultado final». Los demandantes llevan «dos años investigando este asunto», que reconocen no habrían «movido de no estar implicada la asociación que exige que se derriben nuestras casas». En ese tiempo, «el Consistorio se ha negado a facilitarnos documentación, por lo que el juez se la acaba de exigir de forma oficial», desveló Campos.

Un portavoz de Arca tachó ayer de «sarta de mentiras» todas estas acusaciones. «Esta denuncia es consecuencia de estar al frente de la lucha contra la corrupción urbanística en Cantabria. Llevamos tiempo sufriendo amenazas y ésta es una más. No tenemos que dar explicaciones sobre cómo se han comprado nuestras casas. ¿Faltaría más!», exclamaron los dirigentes del grupo ecologista.

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

A LA ESPERA. Vista panorámica de la urbanización El Encinar de Arnuero. / F. GÓMEZ La empresa Erri Berri, que resultó adjudicataria del derribo de los dos primeros bloques de viviendas condenadas a la piqueta en la urbanización El Encinar de Arnuero, estudia abandonar el proyecto. Según reconoció ayer un portavoz de la firma navarra, «cuando nos presentamos al concurso nadie nos informó de la historia que hay tras las demoliciones».

«Nadie nos dijo que había vecinos afectados, ni que existía una plataforma que se oponía, ni nada de eso», aseguraron. Así, ante «las presiones recibidas» la empresa «estudia» qué hacer. Erri Berri se hizo con los trabajos de demolición el pasado mes de septiembre por 111.000 euros. Entonces, la constructora compitió con otras dos firmas, una de ellas Cenavi, la misma que edificó la urbanización El Encinar. Precisamente, esa oferta fue la segunda más económica, por lo que, de abandonar Erri Berri, sería Cenavi la encargada de ejecutar el derribo.

'Ley de punto final'

Los afectados, por su parte, desmintieron haber presionado a la constructora. «Sólo nos hemos puesto en contacto con ellos para comunicarles lo que nos pasaba. Jamás les hemos amenazado», aseguraron los vecinos. Desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se mostraron esperanzados ante la posibilidad de que Erri Berri anulase su compromiso.

«A ver si es verdad. Lo hemos dicho miles de veces. Lo que hay que hacer es legalizar, no echar abajo», reclamó el presidente, Antonio Vilela. El Gobierno de Cantabria llevaría a cabo esta alternativa mediante una normativa, actualmente en fase de estudio, que se ha dado en llamar 'Ley de punto final'. No obstante, ARCA, responsable de las denuncias que propiciaron las sentencias de demolición, se han mostrado en contra y ha anunciado que hará lo posible para que los dictámenes se ejecuten. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por su parte, ya ha instado a los ayuntamientos afectados a acelerar la ejecución de los derribos.

El presidente de ARCA, implicado en un posible delito urbanístico

Canales y otras dos personas vinculadas a la organización construyeron en un terrero rústico y en pleno monte unas viviendas de segunda ocupación

DIEGO RUIZ/SANTANDER

La vivienda de Canales se encuentra en Riocueva, un lugar de Villaverde de Pontones. / DM María Antonia Sainz Quintana -esposa de Gonzalo Canales, presidente de ARCA-; Belén de la Lastra, una de las procuradoras que habitualmente trabaja para el grupo ecologista, y José Antonio Losada Armada, cuñado de la anterior, podrían estar implicados en un asunto que 'huele' igual de mal que muchos de los llevados adelante por ARCA, relacionados precisamente con la construcción ilegal en Cantabria. Propietarios de tres viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico -extrañamente recalificado- en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) podrían ser autores de una infracción urbanística, tal y como ha denunciado un grupo de cántabros afectados por una orden de derribo contra sus viviendas, promovida por ARCA, y que están representados por el despacho de abogados madrileño Estudio Legal Castelló 95. La denuncia, presentada el 7 de septiembre de este año, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, está admitida a trámite.

Sainz Quintana -en régimen de bienes gananciales con Canales-, De la Lastra y Losada adquirieron hace algunos años tres parcelas en una finca de 21.469 metros cuadrados en el lugar conocido como Riocueva o Llanceras, en Villaverde de Pontones, en pleno monte, calificada como suelo rústico, y sin ningún tipo de servicios. Allí, los tres propietarios que se conocían perfectamente construyeron irregularmente, según la denuncia presentada, tres casas unifamiliares en parcelas de superficies de 5.191 metros cuadrados, 5.884 y 6.816, respectivamente. Se trata de viviendas de segunda ocupación, que habitan en periodos de vacaciones y los fines de semana.

La infracción

El anterior titular de la finca, según la documentación que consta en el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, había solicitado una licencia de segregación que no le fue concedida por el Ayuntamiento. A la vista de esto, los tres propietarios actuales tramitaron de forma separada pero prácticamente simultánea sendas autorizaciones para construir en suelo rústico, conforme al artículo 44.2 apartado 2 del Reglamento de Gestión Urbanística del 78, vigente en esa época. Los hechos se remontan a finales del 97 o comienzos del 98, cuando las comunidades autónomas gestionaban las nuevas normas urbanísticas.

Para el despacho de abogados madrileño que tramita el caso, "estos propietarios actuaron fraudulentamente afirmando en el proyecto que en la finca no había vivienda alguna cuando estaban gestionando las tres suyas y existía otra ya construida legalmente años antes. Si hubieran realizado la tramitación conjuntamente, la Comisión Regional de Urbanismo no les hubiera permitido construir y es que en el citado artículo 44.2 se insiste en el peligro de la formación de nuevos núcleos de población. Para ello, y sabiendo lo que hacían, falsearon además la realidad con mediciones inexactas". Con la nueva ley, tampoco podrían haber construido en este lugar y este dato lo conocían.

Durante el inicio de toda la tramitación, el proyecto tuvo siempre el informe negativo del arquitecto municipal, pero al ser cesado en su cargo y sustituido por otro técnico, al poco tiempo, se les concedió el permiso municipal, no sin cierta sorpresa.

El momento

El caso, actualmente, se encuentra sub iúdice en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. En un principio, se puso de manifiesto en el Ayuntamiento la presunta infracción urbanística y al considerar éste que todo era legal, se interpuso una demanda por vía judicial admitida a trámite.

"Se trata de una gran incongruencia -dicen los abogados madrileños- por parte de los autores del presunto delito. De estas infracciones hay muchas en España e incluso en Cantabria, pero muchas veces no son imputables a los propietarios de las viviendas. Sin embargo, estas tres personas incurren en la infracción al ser los promotores de las obras. Además, se trata de gente que ha perseguido y denunciado actuaciones similares a la suya".

Sanciones

La sanción para esta infracción urbanística es, para los abogados de Marcos Campos y el resto de los denunciantes, la demolición de lo construido, ya que se parte de unos datos totalmente falsos.

Los vecinos de El Encinar niegan las amenazas a la empresa Erri-Berri

Responsables de la promotora adjudicataria del derribo de la urbanización han asegurado que sufren presiones por medio de cartas y llamadas telefónicas

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

Los vecinos de El Encinar, urbanización de 144 apartamentos ubicada en Isla y afectada por una sentencia firme de derribo, negaron ayer que hayan amenazado a la empresa navarra Erri-Berri, promotora que ha ganado el concurso de adjudicación de la demolición de estas viviendas. Por su parte, responsables de la promotora han asegurado públicamente que «sufren presiones y amenazas, por medio de cartas y llamadas telefónicas».

Esteban Alday, vecino de la comunidad El Encinar, incidió en que «como colectivo no se ha amenazado a nadie y sólo se ha enviado documentación y artículos periodísticos para informarles de nuestra situación». También Alday dijo que «se ha remitido, de forma masiva y como recordatorio del problema que sufrimos, un cartel con el rótulo 'Ojo, vecinos cabreados', cuya interpretación de amenaza es muy subjetiva».

El portavoz de los vecinos de El Encinar recordó que el estudio psicológico, realizado hace unos años por la Universidad de Deusto, determinó que «los afectados lo están pasando muy mal».

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que incluye a los afectados de Arnuero, indicó que «se ha enviado información a la promotora sobre nuestra situación social y problemática». Vilela señaló que no se han producido amenazas y que siempre actúan, en sus movilizaciones, dentro de la legalidad.

El alcalde de Arnuero, José Manuel Igual (PP), declaró que al Ayuntamiento llegan, desde hace seis meses, escritos anónimos con mensajes como 'Sólo nos sacarán con los pies por delante', 'El mayor atraco inmobiliario de Cantabria. El ejército de Pancho Revilla', 'Cantabria, la Marbella del Norte' y 'Esperamos el pistoletazo de salida de la legalización', pero no lo considera una amenaza.

La demolición de los 24 primeros apartamentos de El Encinar estaba previsto para octubre o noviembre, según Igual.

Responsables de Erri-Berri han visitado la urbanización y aunque han recibido, por parte del Ayuntamiento de Arnuero la notificación de la adjudicación del concurso, todavía no se han pronunciado sobre su ejecución. «Han presentado una fianza provisional de cerca de 3.000 euros, pero no han comunicado sí acometerán el derribo», comentó Igual.

El siguiente paso en la adjudicación del derribo de El Encinar pasa por la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la promotora y la presentación de la fianza definitiva. «En el plazo de ocho o diez días les volveremos a notificar que han ganado el concurso para esperar su respuesta», explicó el alcalde.

Informe jurídico

En el caso de que Erri-Berri opte por no ejecutar el derribo, José Manuel Igual avanzó que desconoce sí se deberá convocar el concurso de nuevo o será la segunda oferta más ventajosa, la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi).

Por este motivo, el alcalde adelantó que han encargado la redacción de un informe por parte de los servicios jurídicos municipales. Además, el informe deberá determinar si existe alguna incompatibilidad, ya que Cenavi fue la constructora de estos apartamentos.

Esta promotora cuenta con varios pisos de su propiedad y hasta que no se acometa el derribo no podrá acceder a las indemnizaciones, según la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, al argumentar que hasta que no produzca el daño no se puede cobrar.

para protestar por la última sentencia de derribo que afecta a 19 viviendas unifamiliares situadas en la Urbanización Las Llamas 1, de Argoños, UD número peqneño de entre las El presidente de AMA, Antonio Vilela, se dirigió a los afectados pór megafonía para explicar que el apoyo de la asociación a afectados de pequeñas urbanizaciones se justifica en su desamparo y su debilidad, "para que sientan que cuentan con el apoyo del resto de víctimas de la Administración y que no están solos".

Las cuatro 'sentencias de derribo que pesan sobre Las Llamas 1, a ejecutar antes de 2007,

"condenan al Ayuntamiento de Argoños y al Gobierno de Cantabria, y por esto el Gobierno debe poñer medios a los sufrimientos de los propietarios" mediante la inclusión de las partidas presupuestarias precisas para las indemnizaciones.

En opinión de Vilela, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria es la que "mira hacia otra parte ordenando los derribos" y no tiene en cuenta los acuerdos tácitos suscritos entre los demandantes, la Asociación Ecologista Arca, y los afec 256 viviendas con sentencia de derribo qne tiene este Ayuntamiento, lo que supone más del 15% de sn suelo urbano.

Los afectados de la Urbaniiación Las Llamas 1 serán los primeros en ver demolidas sus viviendas de entre las 21 urbanizaciones con sentencia de derribo que existen en Cantabria emitidas por la Sala de lo Contencioso del 1iibunal Superior de Justicia y que afectan a unas 2.500 personas. tados,

Puso como ejemplo las propuestas de derribo realizadas por el Ayuntamiento de Argoños con el beneplácito de Arca,

Según Vilela, en ninguna sentencia se ha señalado responsables polfticos de la situación, como lo pueden ser a su juicio el actual presidente ?el Gobierno cántabro, Miguel Angel Revilla, que ocupaba el cargo de consejero de Obras y Urbanismo en la anterior legislatura, o la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, que era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos cuando se construyeron las 88 viviendas en ese municipio ahora afectadas por sentencia de derribo.

También tienen en su opinión culpa los tribunales de Justicia de la región, "porque en ninguna de las sentencias se cita como culpables a los constructores que han desaparecido con quiebras fraudulentas".

"Sólo estamos pagando las vfctimas, los que hemos comprado una vivienda sin saber nada",

y por eso Vilela reclamó ayer una legislación que obligue a conocer la situación legal de una propiedad antes de su adquisición.

Una de las soluciones propuestas por AMA es la legalización de las construcciones demandadas, "tal y como se ha hecho en otros supuestos", señaló Antonio Vilela, quien explicó que en los años que llevan abiertos los procesos, se han producido dos casos de suicidio entre los afectados y muchos han debido acudir a tratamiento psicológico, "aunque es muy dificil demostrar que hayan sido por la tensión y la ansiedad que nos produce esta situación de indefensión e injusticia",

El próximo 25 de octubre, la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (CROTU) celebrará una reunión para analizar el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, que se encuentra en la cuarta exposición pública y que muestra, a juicio de Vilela, "una situación ridícula al utilizarse planos de 2003 en los que no aparecen hasta diez urbanizaciones ya construidas",

Argoños

Nueva concentración de los afectados por sentencias de derribo Está previsto que la primera urbanización sea demolida en 2007
G. SELLERS/ARGOÑOS
Los afectados se concentraron junto a sus casas. / SANE

Los vecinos de la urbanización Las Llamas I de Argoños, con 19 viviendas afectadas por una sentencia de derribo, volvieron ayer a concentrarse junto a sus casas ante la inminente llegada del plazo de demolición de las mismas, que según el auto judicial deberá realizarse a lo largo de 2007.

En esta protesta estuvieron acompañados por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por más afectados con sentencias de demolición en los barrios de Pueblo del Mar I (78 viviendas), Las Llamas II (22), Las Llamas III (16), Camino del Portillo (14), Cuetos (8), La Llana I (91) y La Llana II (8), todas ellas situadas en Argoños, uno municipios más pequeños de Cantabria y con un 15% de sus 5,5 kilómetros cuadrados envuelto en fallos judiciales.

Los portavoces de AMA denunciaron la "poca sensibilidad" de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). "ARCA, promotora de la denuncia, llegó a un acuerdo con los ayuntamientos para demorar un poco el derribo, pero la jueza instó a que se hiciera en el menor plazo posible", apuntaron.

Para ellos, el Gobierno "debe dejarse de buenas palabras y actuar. Es hora de poner dinero y hacer uso de los aprovechamientos urbanísticos", que permitirían ofrecer a los afectados una alternativa a su vivienda ilegal.

Además, los vecinos denunciaron que las constructoras de las viviendas "han desaparecido con quiebras fraudulentas" y los responsables aún no han pagado. Entre ellos, los portavoces de AMA señalan al actual portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga. Esta última, dicen, "se niega incluso a recibirnos".

"Tiene que haber una modificación legislativa para que lo que ha ocurrido aquí no vuelva a pasar, ni en Cantabria ni en España", reclamaron.

Un juez ordena adelantar a 2007 el derribo de19 viviendas ilegales en Argoños La medida afecta por primera vez a apartamentos habitados
JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO
Las 19 viviendas de la promoción Las Llamas I de Argoños deberán ser derribadas antes de que acabe 2007. El juez confirma así la postura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que hace un mes instó al Ayuntamiento de la localidad a acelerar los trámites para derruir 74 apartamentos que, en un primer fallo, podían seguir en pie como máximo hasta 2017. De cumplirse la orden que el juzgado de instrucción ha remitido a sus dueños ya en tres ocasiones, serán los primeros pisos habitados en España demolidos por resolución judicial en suelo urbano.

Alrededor de 250 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer junto a estas viviendas para exigir soluciones. "Estamos machacados por el Gobierno, los Ayuntamientos y los jueces", protestó su presidente, Antonio Vilela. Según reiteró, las sentencias que declaran ilegales más de 530 inmuebles en Cantabria "responden a irregularidades cometidas por el Gobierno regional y las instituciones locales, no por las víctimas que destinamos a estas casas nuestros ahorros".

Impacto paisajístico

El representante vecinal exigió al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, "que cumpla la promesa de reunirnos para buscar soluciones que nos hizo hace dos meses". "Nos dijo que pondría a trabajar a su Gobierno para solucionar esta situación", lamentó.

AMA insiste en que la legalización de estos inmuebles puede llegar con la modificación de los planes urbanísticos municipales. En Argoños podría regularizarse el 95% de las 262 casas afectadas. "Pero el juez insiste en un derribo que, para colmo, en este caso responde a viviendas condenadas por su impacto paisajístico, cuando con posterioridad se han construido otras dos urbanizaciones delante de ellas", recriminó.

El Ayuntamiento de Arnuero adjudica los primeros derribos de viviendas ilegales

La resolución afecta a 22 apartamentos a medio construir que empezarán a desmantelarse antes de que finalice el año

JOSÉ DOMÍNGUEZ/BARAKALDO

NUEVO PASO. Al fondo, las casas condenadas a la piqueta. / I. PÉREZ El Ayuntamiento de Arnuero adjudicó ayer en una comisión de gobierno el derribo de los primeros 22 pisos del municipio declarados ilegales por estar demasiado cerca de la costa. Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, deben comenzar antes de final de año. Tras conocer la resolución, los afectados volvieron a exigir al Consistorio que paralice las demoliciones exigidas por el Tribunal Superior de Cantabria hasta que el Gobierno regional «adquiera un compromiso claro con nuestras viviendas, que las legalice como se hace en otras partes de España o que nos compense adecuadamente».

La promoción de El Encinar incluye 144 viviendas condenadas a la piqueta. Esta adjudicación a la empresa navarra Erri-Berri por 111.000 euros se limita a una primera promoción de 22 inmuebles a medio construir. El proyecto de derribo exige también que se regenere el suelo.

Críticas de los afectados

«La idea del Ayuntamiento es demoler el año que viene otro bloque en similares condiciones», explicó el portavoz vecinal, Esteban Alday. El representante de los afectados recordó que, «aunque sean apartamentos deshabitados, algunos ya fueron comprados, pero sus dueños no han sido indemnizados».

«Se han preocupado por eliminar las estructuras que sirven de icono a nuestra movilización», protestó Alday en referencia a los esqueletos de los apartamentos. El miembro de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a 2.000 afectados, en su mayoría vizcaínos, advirtió del precedente que sentará esta decisión, ya que «si los derribos se extienden a las casas ya habitadas hablaríamos de una situación desconocida en toda España».

A la subasta convocada por el Ayuntamiento se presentaron tres compañías. Una de ellas era la propia firma que había construido los edificios, Cenavi, que ya había manifestado tener el mismo derecho que cualquier otra constructora tras identificarse como «un afectado más». Su oferta económica se situó a medio camino entre los 120.000 euros de la más cara y los 111.000 de la más barata.

El diario Montañés 26-09-2006

ARNUERO

La empresa navarra Erri-Berri demolerá las primeras 24 viviendas de El Encinar

El Ayuntamiento rechazó el recurso de los vecinos contra el concurso al considerar que el adjudicatario puede realizar la regeneración de la zona

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

.La empresa navarra Erri-Berri demolerá los primeros 24 apartamentos de la urbanización El Encinar, ubicada en Isla, en la zona de La Arena. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arnuero, presidida por el alcalde, José Manuel Igual (PP), y formada por los concejales Ignacio Ortiz y María del Carmen Pérez, decidió por el procedimiento de subasta adjudicar los trabajos a la empresa más ventajosa, por un importe de 11.852 euros. El primer teniente de alcalde, Enrique San Emeterio, no asistió por encontrarse de vacaciones.

La UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación, fueron las otras dos ofertas que se presentaron.

La ejecución, que se podría llevar a efecto en el plazo de dos o tres meses, según indicó José Manuel Igual, contempla el derribo de 24 apartamentos de los bloques que no llegaron a construirse en su totalidad y cuya estructura continúa junto a las viviendas habitadas. También se procederá a la regeneración de la zona.

Los siguientes pasos consistirán en notificar a la empresa la adjudicación, así como a los responsables que se encargarán de la dirección de la obra, que serán los mismos que redactarán el proyecto de demolición. Después se deberá firmar el contrato, realizar el replanteo de la obra y si es necesario un plan de seguridad y salud.

El Ayuntamiento, basándose en el informe elaborado por los técnicos municipales, desestimó el recurso interpuesto por los vecinos afectados contra las bases del concurso redactado por el Consistorio. La Corporación municipal considera que la empresa Erri-Berri dispone de la cualificación K, de jardinería, lo que le permite realizar las labores de regeneración de la zona.

Una docena de vecinos de El Encinar acudieron a la Casa Consistorial para informarse de la adjudicación

La Asociación de Maltratados por la Administración pide soluciones a Revilla

Este colectivo considera urgente establecer medidas que impidan el derribo de las viviendas afectadas por las sentencias ya confirmadas

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

Una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), compuesta por el presidente, Antonio Vilela; Mercedes Diez de Arnuero; Juan Luís Urrutia, de Argoños, y Fernando Villadangos de Piélagos, se reunió con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con el fin de buscar soluciones a la situación que están soportando las víctimas de las sentencias de derribo.

La AMA ha pedido al presidente del Gobierno que urgentemente se pongan medios legales que puedan parar el derribo de viviendas.

Así, reclaman que se arbitren, por vía parlamentaria, modificaciones legislativas «que hagan posible la legalidad de nuestras viviendas por medio de un cambio de la Ley del Suelo que resuelva esta situación como se ha realizado en otras comunidades». Además, se pide que ningún ciudadano pueda comprar una vivienda sin saber que sobre la misma pesa una demanda en los tribunales.

La AMA han solicitado a Revilla crear una partida presupuestaria para realizar las modificaciones urbanísticas necesarias para la adaptación de las viviendas a la legalidad vigente, así como para indemnizar a las víctimas por los daños morales y ofrecer medios a los tribunales para que puedan adoptar las resoluciones pertinentes para que las viviendas cumplan la legalidad vigente

No a los recursos

Asimismo, han reclamando que el Gobierno de Cantabria no recurra los daños morales que los tribunales conceden a las victimas, y que se aplique el derecho comparado, «actualmente la Junta de Andalucía está legalizando más de 35.000 viviendas, otras comunidades como la de Canarias más de 20.000, Murcia cerca de 12.000, y crear un organismo que ayude a los afectados, tanto en la situación legal de sus viviendas, problemas administrativos, como en los problemas de salud que este colectivo está sufriendo».

Por último, se le ha comentado al presidente «que no queda casi tiempo, y que por favor que actúe de forma rápida. Esperamos que su responsabilidad y gestión pare los derribos injustos y se encuentren soluciones rápidas y justas para todos, que nadie en nuestra comunidad pueda sufrir una situación tan triste e injusta», señaló José Vilela.

Según los representantes de dicho colectivo, el presidente del Gobierno manifestó en la reunión su preocupación por los afectados y su disposición para resolver esa situación, asegurando que su Gobierno está buscando medios dentro de la legalidad vigente para resolver el problema. También recalcó la existencia de la propuesta de su Gobierno de intercambio de aprovechamientos urbanísticos para Arnuero y el desarrollo de los PGOU en Argoños y Piélagos, así como otras medidas legales complementarias

En el plazo de una semana, Revilla convocará una reunión con los máximos responsables del urbanismo en Cantabria

La constructora de los pisos de Arnuero compite ahora por ejecutar su derribo

Puja con otras dos firmas por demoler la primera urbanización condenada a la piqueta en Cantabria

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

TENSIÓN. Afectados muestran su indignación en el Ayuntamiento de Arnuero. / BORJA AGUDO El pleno del Ayuntamiento de Arnuero, en Cantabria, hizo públicos ayer los nombres de las empresas que se han presentado al concurso para adjudicar los primeros derribos de casas en la urbanización El Encinar, condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo. En el salón de plenos, abarrotado por más de medio centenar de afectados, la sorpresa no pudo ser mayor. La indignación se apoderó de los congregados cuando el secretario municipal desveló que Cenavi era una de las tres que presentó oferta. La firma, puntera en la región, es la misma que edificó la promoción, a principios de los 90.

«No tienen escrúpulos», «Sinvergüenzas», «Hay que ser rastreros, y todo por un puñado de míseros euros» fueron sólo algunas de las frases que gritaron los presentes, entre los que se encontraba una representación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a las más de 2.000 personas afectadas por las sentencias de demolición en toda la costa cántabra.

Los vecinos mantenían la esperanza de que ninguna firma se presentase. «La que resulte adjudicataria será nuestro verdugo y esa no es buena publicidad», argumentaban hace quince días. No fue así. En total, tres ofertas. La más barata: poco más de 111.000 euros, la más cara: algo más de 120.000. En medio, la de Cenavi. El Consistorio tiene ahora 20 días para decidirse por una. Según el alcalde, José Manuel Igual, los derribos se harán efectivos «a final de año».

«Es nuestro derecho»

El propio primer edil reconoció que la posibilidad de que la constructora resulte adjudicataria es «difícil», pero eso no calmó a los afectados. La firma, por su parte, argumentó que está en su «perfecto derecho» de presentarse a la subasta. «Hacemos muchos trabajos de este tipo. Es uno más», apuntó un portavoz, que, no obstante, dijo comprender la situación de los residentes. Aún así, la misma fuente recordó que «nosotros también somos afectados como reconoce la sentencia, que dice claramente que los culpables son el Ayuntamiento y el Gobierno regional».

Sea cual sea la oferta elegida, le empresa adjudicataria deberá echar abajo los dos primeros bloques de El Encinar. Ambas edificaciones se encuentran deshabitadas y a medio construir, aunque algunos de los pisos se llegaron a vender. «Si los dueños no son indemnizados antes de tirarlos, se sentará un precedente. Nosotros somos los siguientes y luego vendrá el resto de Cantabria», argumentó Mercedes Díez, portavoz de los vecinos.

ARNUERO

La empresa que construyó El Encinar concursa para derribar las viviendas

Cien vecinos afectados por la demolición acudieron a la apertura de las plicas del concurso y acusaron a la promotora de deberles dinero y de «carroñeros»

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

Cenavi, la empresa constructora que edificó los 144 apartamentos de El Encinar, junto a la Playa de La Arena, en Isla, se ha presentado al concurso adjudicatario para derribar y regenerar la primera y la segunda fase, que comprende 24 pisos de los bloques que no llegaron a finalizarse.

El salón de plenos de la Casa Consistorial de Arnuero acogió ayer la apertura de plicas del concurso y entre las tres ofertas presentadas se encuentra la UTE formada por Excavaciones Bedia y Construcciones Eugenio Nava Viar (Cenavi), cuya propuesta económica es de 119.669 euros. Junto a ella acceden la navarra Erri Berri, con un precio de 111.852 euros, y Fernández Rosillo, con 120.271, el mismo precio que el de licitación.

Cerca de cien vecinos afectados por la sentencia de derribo del Tribunal Supremo acudieron a este acto público y no sólo mostraron su indignación con el hecho de que Cenavi se presente al concurso, sino que pidieron a los concejales, que formaban la mesa de contratación, que no firmasen el acta de la apertura de las ofertas.

«Cenavi, que nos engaño con la venta de los apartamentos, quiere derribar para cobrar la indemnización que ha reclamado al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria. Son unos carroñeros, quieren una compensación y llevarse el dinero del derribo, cuando encina deben a nuestra comunidad 120.000 euros (20 millones de pesetas) por no pagar la comunidad de los pisos que son de su propiedad», declaró Esteban Alday, vecino de El Encinar.

Los concejales firmaron el acta, alegando que les obliga la ley, pero los vecinos mostraron su malestar, les descalificaron con fuertes insultos y les dijeron que «les están jodiendo sus vidas, matándoles y sufriendo un crimen psicológico que dura doce años». Además, les pidieron que sea un juez quien les obligue a firmar el acta y que paguen las indemnizaciones antes de ejecutarse el derribo.

Indemnización

El concejal del PSOE, Ángel María Abad, comentó que «yo no tengo nada que ver con esta situación, ya que cuando se originó, yo no era concejal». Abad recordó que ha sido el único que ha pedido que se les compense antes de la demolición y ha reclamado la intervención de la Fiscalía para que determine sí existe un delito penal. El concejal socialista señaló que «algunos de los ediles del equipo de gobierno estaban también presentes como gobernantes en el momento en que se permitió esta edificación».

El portavoz del PSOE declaró que «es muy triste lo que está sucediendo, la gente es inocente y no se han buscado todas las soluciones. Sí hay que derribar, debe haber dinero y que las compensaciones económicas se ajusten a los precios actuales del mercado».

El alcalde, José Manuel Igual (PP), pidió disculpas por la situación y aseguró que ha sido sensible con el problema, «intentando legalizar los apartamentos con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, pero el Plan de Ordenación del Litoral no lo ha permitido». Al mismo tiempo, indicó que es partidario de indemnizar antes del derribo, «sin embargo existe una sentencia que dice lo contrario».

Pancartas reclamando la legalización, culpando al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria y avisando «a quien se atreva de tocar un ladrillo» se vieron ayer en el Ayuntamiento, mientras se gritaba 'No al derribo'.

Tras la fuerte discusión que tuvo lugar entre varios vecinos, el concejal socialista y el alcalde, se informó que las tres ofertas serán estudiadas por los servicios técnicos municipales y en el plazo de un máximo de veinte días se deberá debatir en un pleno la adjudicación de este concurso.

El presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), José Vilela, explicó que la licitación se podía paralizar, ya que el Gobierno de Cantabria ha presentado al Consistorio un propuesta de aprovechamiento urbanístico, para trasladar los apartamentos a otra zona del municipio, tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibirá el martes, día 12, a las 10 de la mañana, a los miembros de la AMA.

El Tribunal Superior insta a acelerar el derribo de 72 viviendas en Argoños

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha instado al Ayuntamiento de Argoños a acelerar el derribo de los 74 apartamentos con sentencia de demolición que se encuentran repartidos en varias urbanizaciones de la localidad cántabra. Según el primer fallo, el Consistorio tenía hasta 2017 para llevar a cabo los trámites para reducir a escombros las casas.

Antonio Vilela, presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que reúne a más de 2.000 afectados, criticó ayer esta decisión judicial. «Ni siquiera los ecologistas, que fueron los que denunciaron las construcciones, han pedido que se acelere el proceso. No entendemos por qué el tribunal actúa de esta forma», lamentó el portavoz de las familias.

«Es un palo incomprensible ya que la Sala no es ajena a los pasos que todos los implicados estamos dando para buscar soluciones», agregó Vilela. Precisamente, el martes, AMA se reunirá por segunda vez este año con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. «Esperamos algo más que promesas», adelantó el portavoz. El auto sale a la luz pocos días después de que el Ayuntamiento de Arnuero, otra de las localidades con viviendas condenadas a la piqueta, realizase la subasta de los trabajos de derribo de los primeros dos bloques

Afectados y técnicos buscan soluciones para los derribos en la costa cántabra H. RODRÍGUEZ/CASTRO

El Gobierno de Cantabria apuesta por legalizar las viviendas condenadas al derribo en la costa cántabra. El presidente de la región vecina, Miguel Ángel Revilla, se reunió ayer con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), para tratar el problema, que afecta a más de 2.000 personas, en su mayoría vizcaínas.

El mandatario anunció que la semana que viene se producirá un nuevo encuentro con los afectados y un grupo de expertos en urbanismo del Ejecutivo. Asimismo, Revilla insistió en que las soluciones pasan por el intercambio de aprovechamientos urbanísticos, en el caso de Arnuero, y en el desarrollo de nuevos planes generales que legalicen las viviendas de Argoños y Piélagos

El Gobierno cántabro pretende legalizar las casas de la costa y evitar los derribos

El Ejecutivo apoyará a los ayuntamientos en la elaboración de nuevos planes urbanísticos que 'salven' las viviendas Los afectados acogen la medida con escepticismo

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

Tras recorrer los más de 30 kilómetros que separan Argoños de Santander, medio millar de afectados por los derribos de viviendas en la costa de Cantabria dieron ayer un pequeño paso adelante en la lucha para evitar la demolición de sus casas. Varios portavoces de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunieron con el consejero de Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, en la sede del Gobierno Regional. En el encuentro, el representante del Ejecutivo se comprometió a apoyar a los ayuntamientos de los municipios afectados «para que aprueben nuevos planes urbanísticos que eviten que echen abajo nuestros apartamentos», desveló el presidente de AMA, Antonio Vilela.

Varias sentencias del Tribunal Supremo condenan a la piqueta a más de medio millar de urbanizaciones ubicadas en Argoños, Arnuero, Liencres y Escalante. Los afectados, muchos de ellos vizcaínos, luchan -en algunos casos desde hace más de doce años- para evitar que las decisiones judiciales se materialicen. El caso más apremiante es el de Arnuero. El Ayuntamiento de esta localidad costera ya ha sacado a concurso el derribo de los dos primeros bloques. Si nada lo impide, las edificaciones enclavadas en la urbanización El Encinar desaparecerán tras el verano.

«En este caso, el consejero nos ha dicho que se intentará que todos los propietarios reciban el aprovechamiento urbanístico en otra zona del municipio. Es decir, que sus casas sean construidas en otro lugar», desveló Vilela tras la reunión. Esta opción no gusta demasiado a AMA, que insiste en que «hay herramientas para evitar los derribos». «Apostamos por la legalización de las viviendas y eso se puede conseguir modificando los planes urbanísticos de los municipios afectados», argumentó.

Edificabilidad

Precisamente, esa solución, recomendada por el Defensor del Pueblo en un informe reciente, es la que tratará de impulsar el Ejecutivo Regional «en Argoños, Escalante y Piélagos, Ayuntamiento al que pertenece Liencres». En el primer caso, «la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) permitiría legalizar el 95% de las 262 casas condenadas a la piqueta», detalló el portavoz de los afectados. El Consistorio de Argoños lleva varios años intentando modificar sin éxito su planeamiento urbano.

Los apartamentos de Escalante también se salvarían si se optase por cambiar el PGOU. «Allí el problema era la edificabilidad y eso quedaría solventado con una pequeña modificación», apuntó Antonio Vilela, quien reconoció que unos de los casos más preocupantes es el de las viviendas de Liencres. «No sabemos por qué el Ayuntamiento no cambia su Plan General. Parece que a alguien le interesa mantener el que tienen, que es ilegal», denunció.

Pese al compromiso adoptado por el consejero cántabro, los afectados no se fían. «En otro momento calificaríamos la reunión de positiva, pero después de tanto tiempo... Si en dos meses no se derriban los bloques de Arnuero, entonces podremos decir que el encuentro ha dado sus frutos», advirtió el presidente de AMA.

Una marcha por el hogar de los nietos

H. R./CASTRO La segunda marcha realizada por los afectados por las sentencias de derribo en la costa cántabra concluyó ayer en Santander. La comitiva, que quedó reducida a 500 personas por los compromisos laborales de muchos, había salido de Argoños el domingo a las 9.00 horas.

Tras hacer noche en el polideportivo de Ribamontán al Mar, la caravana recorrió casi ocho kilómetros por las calles de la capital cántabra. Un tramo final que se hizo especialmente duro por las altas temperaturas.

El agotamiento físico y mental de los propietarios apareció «en algunos momentos», reconoció el presidente de AMA, Antonio Vilela. Sin embargo, al portavoz de los afectados le bastaba echar un vistazo a su alrededor para ver que, «pese al sufrimiento que padecemos desde hace tantos años, la gente sigue dispuesta a luchar».

Es el caso de un hombre de 81 años que concluyó la gesta ante la admiración de sus compañeros. «Cuando me ha dicho su edad me he sorprendido un montón. Me decía que no pide que se paren los derribos por él, sino porque quiere que su casa sea para sus nietos, a los que ha visto crecer en ella», relataba emocionado Vilela. Todos esperan no tener que afrontar el año que viene la tercera edición de la travesía. Será señal de que «la pesadilla ha acabado».

El diario montañés 25-06-07

El Gobierno recuerda que las alternativas a los derribos pasan por los PGOU

Centenares de damnificados por las sentencias de demolición llegaron ayer a Santander tras una marcha de 40 kilómetros

GONZALO SELLERS/SANTANDER

Centenares de vecinos de Argoños, Arnuero, Piélagos y Escalante culminaron ayer en Santander una marcha de 40 kilómetros para exigir soluciones a las sentencias de derribo que pesan sobre sus viviendas.

Congregados a través de la AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), los manifestantes recorrieron las calles de la capital, con parada obligada frente al Parlamento de Cantabria, los Juzgados y el Gobierno de Cantabria, donde los portavoces de la agrupación mantuvieron una reunión con el consejero de Presidencia, Urbanismo y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla, y la directora general de la Crotu, Miriam García.

En ese encuentro quedaron marcadas las líneas de actuación de los próximos meses, que pasan, según García, por los modelos que se recojan en los nuevos Planes Generales de los municipios.

En concreto, la inminente aprobación del nuevo PGOU de Argoños abrirá una puerta, en términos formales, para evitar el derribo de alguna de las 263 viviendas, siempre que el juzgado lo dictamine posteriormente.

En cuanto a la urbanización El Encinar de Arnuero, la alternativa propuesta, según confirmo el portavoz de AMA, Antonio Vilela, consistiría en construir en otro lugar las viviendas. «No nos satisface la medida, el Ayuntamiento debe trabajar para impedir el derribo», apuntó.

El caso de Liencres es uno de los más complejos, ya que «el Ayuntamiento no quiere que se apruebe un nuevo PGOU y manda a la Crotu modificaciones que sabe que van a ser rechazadas», explicó Vilela, quien calificó la reunión de «moderadamente satisfactoria».

El correo 25-07-06

La marcha contra los derribos en la costa cántabra reúne a mil afectados

Los caminantes llegan hoy a Santander con más de 30 kilómetros a cuestas y tras dormir en un polideportivo Casi un centenar de coches completó la caravana HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

«Muertos de sed y de calor». Así llegaron ayer a la localidad cántabra de Ribamontán al Mar los casi mil componentes de la marcha para protestar por los derribos de viviendas en la costa de la comunidad autónoma vecina. Convocada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), la travesía, que hoy concluye en Santander, había comenzado a las 9.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Argoños, la localidad en la que se enclava el mayor número de urbanizaciones condenadas al derribo por el Tribunal Supremo.

«Luego nos hemos encaminado a la plaza del Consistorio de Arnuero, donde hemos pegado algunos carteles y nos hemos concentrado unos minutos», detalló el presidente de AMA, Antonio Vilela. Allí, al ya de por sí numeroso grupo inicial, se le han unido muchas de las 144 familias que habitan 'El Encinar', la primera urbanización, ubicada en La Arena, condenada a la piqueta. Tras el verano, dos bloques de esta promoción, deshabitados y a medio construir, serán los primeros en ser echados abajo. Lejos de sucumbir al desánimo, los residentes del enclave ya han anunciado que sólo saldrán de sus casas «con los pies por delante». Ayer, Vilela reconocía que los vecinos de 'El Encinar' son un ejemplo. «Todos los afectados han tenido una actitud impecable, pero ellos serán los primeros en ver cómo los edificios son demolidos y aún así mantienen el espíritu combativo», elogió.

Cansancio y lágrimas

Bajo un sol de justicia, los caminantes, entre los que destacaba la presencia de varias personas de más de 70 años, llegaron sobre la una de la tarde a Galizano. Tras comer y descansar durante poco más de dos horas, el grupo, que se completaba con casi un centenar de coches, reemprendió la marcha hacia Ribamontán al Mar. Como ya ocurriera el año pasado, el polideportivo de la localidad abrió sus puertas para acoger a los afectados. En sus pies y sus espaldas ayer pesaban algo más que los 15 kilómetros de caminata.

«Llevamos en una situación de incertidumbre total más de doce años. Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, los errores cometidos por las administraciones. Compramos casas legales, pero vivimos en continua tensión y preocupación», lamentó Enrique Vilela poco antes de entrar en el recinto deportivo. Aún quedaba un trago amargo antes de terminar la jornada con un merecido descanso en sus sacos de dormir.

A las 20.00 horas los expedicionarios pudieron ver por primera vez de forma íntegra el documental 'Historia de una Injusticia', que relata los avatares que han sufrido los propietarios de casas condenadas en la costa cántabra. Las imágenes hicieron aflorar más de una lágrima. Hoy completarán los más de 30 kilómetros de su recorrido por las calles de Santander.

Otro encuentro frustrado con la vicepresidenta

H. RODRÍGUEZ/CASTRO

Tras una noche de poco descanso marcada por el intercambio de experiencias, los componentes de la marcha contra los derribos de viviendas en la costa de Cantabria llegarán hoy a la capital de la región. En ella tienen tres citas importantes: a las 11.30, horas visita al Parlamento; a las 12.30, paso por el Tribunal Superior de Justicia y a las 13.00, encuentro con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla.

Muy a su pesar, los portavoces de AMA no podrán encontrarse con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga. La cita se ha suspendido ya tantas veces que ya no albergan esperanzas de ser recibidos por la secretaria de los socialista cántabros. «Es una pena. Su partido nos ha tratado muy bien, pero ella, que era concejal de Piélagos cuando se aprobó el Plan General declarado luego ilegal por el Supremo, parece que no encuentra ni un momento para hablar con nosotros», lamentó el presidente de AMA, Antonio Vilela.

Sacan a concurso el derribo de las primeras casas de Arnuero levantadas junto a la playa

Los 42 apartamentos afectados, que no están habitados, serán demolidos antes de fin de año

HELENA RODRÍGUEZ/BARAKALDO

El Ayuntamiento de la localidad cántabra de Arnuero sacará a concurso en las próximas semanas el derribo de 42 viviendas de la urbanización El Encinar, en Isla. La decisión, adoptada por el pleno, supone un paso más para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la piqueta a los 144 apartamentos de la promoción.

Los primeros pisos sacrificados forman parte de los dos bloques levantados más cerca de la playa. No están habitados, ya que nunca llegaron a terminar de construirse. Su destrucción está enmarcada en la primera de las ocho fases que llevarán a la desaparición de El Encinar. Si nada lo impide, las excavadoras derribarán los números 24 y 18 antes de que acabe el año. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución de las demoliciones, cuyo coste asciende a 120.000 euros, es de dos meses.

Los responsables municipales, que lamentan tener que tomar esta decisión, recordaron que "estamos obligados a cumplir la sentencia". Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, cuestionó ayer la medida. "No entendemos que a estas alturas, tras los esfuerzos que hemos realizado y los contactos mantenidos con ayuntamientos y Gobierno cántabro, insistan en demoler las viviendas. Esa no es la solución", lamentó.

El Encinar no es la única urbanización de la costa cántabra condenada a la piqueta. Argoños, con diez promociones afectadas, y Liencres, también pasarán por este trámite en los próximos meses. "Arnuero ha sido el primero en actuar porque fue el primero en tener sentencia de derribo, pero los otros dos consistorios ya están dando pasos en la misma dirección", apuntó Vilela, quien recordó que hace pocas semanas el Defensor del Pueblo dio la razón a los afectados.

Compensaciones

"Las administraciones aseguraron a la oficina de Enrique Múgica que los propietarios serían compensados, con dinero o con aprovechamientos urbanísticos. Además, se comprometieron a que, en los casos que fuera posible, se legalizarían las viviendas", recordó el responsable de AMA, que anunció que los días 23 y 24 de julio se realizará una marcha a Santander en protesta por la situación de los afectados.

En el caso de Arnuero, ninguno de estos compromisos parece factible. Según el informe técnico encargado por el Ayuntamiento, las indemnizaciones -entre 9.000 y 12.000 euros- se abonarán cuando se realicen los derribos. "El Plan de Ordenación del Litoral hace inviable cualquier recalificación y las compensaciones urbanísticas son inconcebibles, dadas la cuantía y las protecciones ambientales".

El Defensor del Pueblo culpa a las instituciones de los derribos de viviendas en la costa cántabra

La oficina dirigida por Enrique Múgica logra que el Gobierno y los ayuntamientos afectados estudien «legalizar» algunas urbanizaciones

HELENA RODRÍGUEZ/CASTRO

La oficina del Defensor del Pueblo ha dado la razón a los dueños de las viviendas condenadas al derribo en varias localidades de Cantabria, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). La institución ha emitido un informe en el que lamenta «la grave situación que padecen los afectados» y, en la misma línea que las sentencias del Tribunal Supremo, advierte de que «la responsabilidad debe imputarse a los ayuntamientos, que formularon los planes urbanísticos, y al Gobierno de Cantabria, que los aprobó».

AMA, que agrupa a más de 2.000 personas propietarias de casas en Arnuero y Argoños, solicitó el año pasado al Defensor del Pueblo que interviniese en un conflicto que dura ya más de doce años y que supondrá el derribo de cientos de viviendas construidas de forma ilegal, según ha dictaminado el Supremo. Tras recabar información, la oficina que preside Enrique Múgica ha instado a las administraciones cántabras «a solucionar esta situación», que a su juicio «no es responsabilidad de los afectados».

Cierre del expediente

En su contestación al Defensor del Pueblo, el Gobierno de Cantabria se muestra dispuesto a compensar a las 144 familias afectadas por los derribos de Arnuero. Para ello, los propietarios recibirían «los aprovechamientos urbanísticos en otra parte del término municipal», anuncia el documento. Asimismo, «los ayuntamientos consultados, están revisando actualmente sus planeamientos urbanísticos a efectos de legalizar las urbanizaciones en aquellos casos que sea posible». Con estas garantías, el Defensor del Pueblo ha suspendido el expediente abierto en su momento, sobre las sentencias de derribo. Eso sí, no descarta reabrirlo «en caso de que no se cumplan» las promesas de las instituciones cántabras.

AMA agradeció ayer «el apoyo y comprensión» recibido desde la oficina de Enrique Múgica. No obstante, la agrupación espera «que las demás administraciones estén a la altura para resolver la injusticia que se está cometiendo con más de 2.000 personas». Pese a la buena respuesta y, ante la alarma social suscitada por este tipo de problemática, el grupo ha solicitado al Defensor del Pueblo que abra un nuevo expediente. «Debería contemplar las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano de ningún sitio de España pase por nuestra experiencia», reclamaron en AMA.

El Defensor del Pueblo dice que se pueden legalizar varias viviendas Los afectados por los derribos recibieron el informe

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido en su informe que algunas de las viviendas de Cantabria que tienen sentencia de derribo pueden ser legalizadas por medio de la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, colectivo que integra a 2.000 personas cuyas viviendas deben ser derribadas, ordenado por una sentencia judicial.

En caso contrario, Múgica señaló que se pueden realizar compensaciones urbanísticas con el mismo aprovechamiento, como en el caso de los 144 apartamentos de Arnuero, de tal forma que estas viviendas se pueden construir en otra zona del municipio, una probabilidad que también admite el Gobierno de Cantabria en la contestación que la remitido al Defensor del Pueblo.

Asimismo, en un último caso, Enrique Múgica considera oportuno que se indemnice a los propietarios de forma justa por la pérdida de su patrimonio.

La AMA solicitará a Múgica la creación de un registro nacional obligatorio de demandas para que los ciudadanos estén informados sobre la situación de una vivienda antes de adquirirla y evitar así que luego los interesados se encuentren con la existencia de una ilegalidad. Además, Antonio Vilela demanda modificaciones legislativas para que «no se vuelvan a producir más casos de indefensión, al igual que el sufrido por la AMA».

En España han detectado 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados.

CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO en su informe enviado a AMA (Asociación de Maltratados por la Administración).

SOBRE LAS VIVIENDAS CON SENTENCIAS DE DERRIBO QUE AFECTAN A MÁS DE 2000 PERSONAS
> Ø LAMENTA Y COMPRENDE LA GRAVE SITUACIÓN QUE PADECEN TODOS LOS ASOCIADOS DE AMA
> Ø LOS AFECTADOS NO TIENEN RESPONSABILIDAD ALGUNA EN LA SITUACIÓN QUE SUFREN.
Ø LA RESPONSABILIDAD DEBE IMPUTARSE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE FORMULARON LOS PLANES Y AL GOBIERNO DE CANTABRIA QUE LOS APROBÓ DEFINITIVAMENTE.
Ø CREE DECISIVA Y NECESARIA LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y LOS AYUNTAMIENTOS PARA SOLUCIONAR ESTA SITUACIÓN. Ø EL GOBIERNO DE CANTABRIA, EN CONTESTACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO, VE POSIBLE COMPENSAR A LOS AFECTADOS DE ARNUERO MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE SU APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO, A MATERIALIZAR EN OTRA PARTE DE SU TERMINO MUNICIPAL.
Ø LOS AYUNTAMIENTOS CONSULTADOS ESTÁN REVISANDO ACTUALMENTE SUS RESPECTIVOS PLANEAMIENTOS A LOS EFECTOS DE LEGALIZAR LAS URBANIZACIONES EN AQUELLOS CASOS QUE SEA POSIBLE.

Todas estas conclusiones quedan reflejadas en el Informe del Defensor del Pueblo, donde repasa la situación de las diferentes urbanizaciones con los informes remitidos por los Ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, y con sus propias aportaciones.

El Defensor del Pueblo, después de haber obtenido garantías de las distintas Administraciones de que se hará justicia con los afectados de las sentencias de derribo, suspende el expediente sobre las sentencias de derribo. Las garantías consisten en:

a) Legalización de la viviendas que sea posible.
b) Compensaciones por sustitución de sus viviendas.
c) Indemnizaciones justas por la pérdida de su patrimonio.

Caso de que no se cumplieran estas garantías se podrá volver a abrir el expediente.

Por otra parte AMA, ante al alarma social creada, (AMA en su informe sobre la situación en España ha detectado más 121.900 viviendas con problemas de legalidad y 548.550 afectados) pedirá la apertura de un nuevo expediente para que el Defensor del Pueblo pueda proponer las modificaciones legislativas necesarias para que ningún ciudadano pueda pasar la pesadilla que hemos pasado las víctimas de las sentencias de derribo, ya que según el Asesor Jurídico del Defensor del Pueblo D. Carlos Luna con el tipo de expediente actual no pueden actuar sobre este tema.

Por cual AMA SOLICITARÁ:

1.- Creación de un Registro Nacional Obligatorio de Demandas para que todo ciudadano cuando compre su vivienda sepa si la misma afectada por una demanda.
2.- Modificaciones legislativas para que no se puedan producir casos de indefensión como el sufrido por el colectivo que representa AMA.

AMA HACE UNA VALORACIÓN POSITIVA DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, AGRADECE SU APOYO Y COMPRENSIÓN Y ESPERA QUE LAS DEMÁS INSTITUCIONES ESTÉN A LA ALTURA PARA RESOLVER ESTE GRAVE PROBLEMA Y LA INJUSTICIA QUE SE ESTA COMETIENDO CON MAS DE 2.000 PERSONAS.

AMA pide soluciones al Parlamentarios de Cantabría

A través de los portavoces de los grupos parlamentarios, con lo que se ha reunido este viernes, así mismo les ha trasladado sus iniciativas para solucionar el grave problema que vive este colectivo de más de 2000 personas afectadas por las sentencias de derribo.

Entre las que destacan:

• Petición de soluciones consensuadas al parlamento que se complementen iniciativas legislativas.

• Petición de un registro de las demandas, para que ningún ciudadano de Cantabria pueda pueda sufrir una indefensión como la este colectivo.

• Solicitud de una Oficina de Atención a los Afectados, que pueda atender los graves problemas que tiene las victimas de las sentencias de derribos.

Los Portavoces de los grupos parlamentarios han trasmitido AMA:

1.- El apoyo total de sus grupos a las victimas de las sentencias de derriba.

2.- La preocupación y sensibilidad por la situación actual.

3.- La búsqueda de medidas legislativas y/o pronunciamientos del parlamento de Cantabria para de una solución real.

4.- Reuniones periódicas con seguimiento de las actuaciones a realizar.

AMA solicita apoyo a la Fiscal Jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Cantabria

Por otra parte AMA se ha reunido con la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Maria del Pilar Martín Nájera.

A lo que ha solicitado:

1.- El apoyo de la fiscalía para la defensa de los derechos de los ciudadanos víctimas de las sentencias de derribo que condenan a la Administración.

2.- Las actuaciones pertinentes, para que los posibles faltas, delitos... no prescriban y se pueda hacer justicia con los que sufren esta situación

3.- información sobre la creación de la nueva fiscalía para delitos urbanísticos.

Respuesta de la Fiscal Jefe del TSJC

1.- Mostrar su sensibilidad y comprensión por la situación que están viviendo el colectivo representado por AMA

2.- Encauzar todos las acciones a través de los fiscales que llevan los temas especializados en urbanismo y medio ambiente (en la actualidad dos fiscales), desde donde se estudiarán las actuaciones, prescripciones y demás actuaciones según la documentación aportada y siguiendo los criterios de la Fiscalía.

3.- Información sobre la creación de los nuevos fiscales para delitos urbanísticos que espera que estén totalmente operativo para finales del año actual.

Protesta de AMA en Santander

La concentración se celebró en Santander. / SE QUINTANA

Más de un centenar de personas convocadas por la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) se concentraron ayer en la Plaza del Ayuntamiento de Santander para pedir la legalización de las aproximadamente 500 viviendas afectadas en Cantabria por sentencias de derribo. El portavoz de AMA, Antonio Vilela expuso las propuestas que la asociación quiere plantear a responsables políticos, entre ellas que se lleven a cabo modificaciones legislativas que hagan posible la legalización de dichas viviendas.

La AMA valora de forma positiva el último fallo de los tribunales La sentencia reconoce un daño moral a los propietarios de una vivienda, pero consideran mínima la indemnización

ROBERTO ALONSO/SANTANDER

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que incluye a 2.000 personas cuyas viviendas tienen una sentencia de derribo, valoran de forma positiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que reconoce la existencia de un daño moral a los dueños de una vivienda en Argoños. Así, lo aseguró el presidente, Antonio Vilela, que destacó también como favorable que se condene al Ayuntamiento y al Gobierno regional. Entre las dos instituciones deberán pagar 9.000 euros a los afectados, según recoge el fallo del tribunal.

Sin embargo, la AMA no entiende que «después de una exposición tan clara y brillante por el juez reconociendo que las víctimas han sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza, la indemnización sea tan mínima y que además no se reconozcan los daños reales producidos». Vilela señaló que «sólo en Argoños quedan pendientes de resolución más de quince procesos y que tras las sentencias de El Encinar, en Arnuero, y esta última en Argoños, el Gobierno de Cantabria debería solucionar de forma urgente este problema».

Marbella

La AMA se pregunta sí la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido en Marbella, no se plantea investigar lo que está pasando en Cantabria, donde existen más de veinte fallos firmes que condenan a las Administraciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Argoños a indemnizar con 9.000 euros a los dueños de una de las casas condenadas al derribo en la localidad cántabra. El inmueble es uno de los 22 que forman la urbanización Las Llamas II, sobre la que pesa una sentencia del Supremo que obliga a derruir todos los inmuebles por distintos defectos urbanísticos.

Se trata de la segunda sentencia de estas características dictada por el alto tribunal, que hace un año emitió una similar relativa a otros 144 apartamentos abocados a la piqueta en Arnuero. Entonces, el juez estimó dos tipos de indemnizaciones: 12.000 euros para quienes usan los inmuebles como primera vivienda y 9.000 para los que los utilizan como segunda. Éste último sería el caso de los propietarios de la casa de Argoños, una pareja de Leioa que solicitaba 254.000 euros por los daños y perjuicios sufridos desde que se conoció la sentencia de demolición de la urbanización, en julio de 2000.

Otros 20 recursos

El TSJC reconoce que la pareja «ha sufrido zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de su vivienda, lo que supone un indudable sufrimiento moral que es susceptible de ser indemnizado a la fecha presente». Asimismo, la sentencia atribuye la responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Argoños -«que fue quien otorgó el permiso de obras anulado»- y al Ejecutivo cántabro. «El Gobierno regional era consciente de la ilegalidad de la licencia, de julio de 1997, en tanto que por acuerdo de la comisión regional de Urbanismo decidió que el estudio de detalle previo tenía actuaciones que constituyen una clara degradación del entorno», reconoce el dictamen.

El portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Enrique Vilela, estimó que la sentencia «es positiva porque reconoce que los afectados padecemos daños morales y, además, responsabiliza de ello a las administraciones local y autonómica». Sin embargo, reconoció que la cuantía de la indemnización «es decepcionante». Vilela anunció, además, que ésta es sólo la primera de una larga lista de sentencias que «vendrán en breve». «Al menos otros 20 afectados han interpuesto recursos similares», recordó.

La asociación de afectados califica de «injusto» el derribo

El colectivo ha organizado un homenaje a los mayores el día 16 de abril en la Plaza del Ayuntamiento de Santander

ROBERTO ALONSO/ARNUERO

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valora el derribo de la urbanización de El Encinar como «una injusticia y una triste noticia para Cantabria, donde se pone de manifiesto la incapacidad para solventar problemas; para el Ayuntamiento de Arnuero, ya que el dinero de los vecinos se destinará a la demolición y no para fines sociales o medioambientales, así como para los afectados que ven como se consuma una de las mayores injusticias con este colectivo».

La AMA pide al Gobierno de Cantabria, a quien consideran responsable de la situación, una solución para las 500 familias y 2.000 personas afectadas por las diferentes sentencias de derribo, entre los que se encuentran los propietarios de los 144 apartamentos de El Encinar.

El presidente de esta asociación, José Antonio Vilela, indicó que «se ha llegado a esta situación por la irresponsabilidad del Gobierno de Cantabria que no se ha atrevido a buscar una solución, porque políticamente no era rentable».

La AMA avanzó que estará por solidaridad al lado de la comunidad de vecinos de Arnuero, ya que «nos preocupa el sufrimiento que padecen por los errores de terceras personas».

Vilela no entiende «cómo se puede derribar antes de que los afectados cobren sus indemnizaciones, cuando han sufrido daños morales y psicológicos, en el caso de algunos, desde hace más de diez años». Aun así, el presidente recalcó que nunca han pensado en el dinero, sólo en sus casas.

Dolores Gorostiaga

Los afectados han mostrado su malestar con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, «por anunciarnos que nos recibiría en febrero, luego en marzo debido a que tiene un agenda muy apretada y ahora desconocemos cuándo nos recibirá».

José Antonio Vilela recordó a Gorostiaga que algunos problemas urbanísticos datan de cuando esta consejera era concejal en el Ayuntamiento de Piélagos.

En cuanto a la propuesta del consejero de Presidencia y Urbanismo, José Vicente Mediavilla, de que se podía solventar la situación legalizando las viviendas con la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana, la AMA asegura que «nosotros lo apoyamos, pero están dormidos y ni el de Argoños se acaba de aprobar».

El próximo día 16 de abril, domingo, a las 13 horas, la AMA ha organizado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander un homenaje a los vecinos mayores que vienen padeciendo desde hace muchos años el proceso jurídico de la demolición de sus viviendas y las movilizaciones que han llevado a cabo para reclamar una solución que no pase por el derribo.

El Consistorio reserva el dinero necesario para derribar los primeros 24 inmuebles de la urbanización El Encinar Los propietarios piden indemnizaciones para dejar sus casas

HELENA RODRÍGUEZ/BARACALDO

Casi doce años después de que los tribunales ordenaran por primera vez la demolición de una urbanización costera en Arnuero, el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que iniciará el derribo de las viviendas. El alcalde de la localidad cántabra, José Manuel Igual, confirmó ayer que ya han reservado el dinero necesario para desmantelar los primeros pisos y chalés. Según los cálculos del primer edil, las piquetas empezarán a trabajar después del verano en 24 de los 144 inmuebles que conforman el núcleo residencial de El Encinar de Isla.

«En cuanto se aprueben los presupuestos municipales, donde hay consignados 125.000 euros, se convocará un concurso público y se adjudicarán los derribos. Pensamos que para septiembre u octubre las máquinas comenzarán a trabajar», detalló el primer edil de Arnuero. Las dos primeras fases de la operación de desmantelamiento afectarán a dos bloques deshabitados y a medio construir situados cerca de la playa.

El resto de viviendas, 102 de ellas habitadas, serán derruidas en seis fases posteriores que absorberán una inversión total de un millón de euros que en principio deberán ser asumidos íntegramente por el Consistorio. «Interpusimos una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que el Gobierno regional se hiciera cargo de los costes. El juez resolvió en primera instancia que lo pagásemos al 50%, pero ambas instituciones hemos recurrido», explicó Igual.

Aunque ya han reservado una partida en los presupuestos, el alcalde explicó ayer que ha intentado buscar fórmulas para evitar las demoliciones. «La sentencia del Supremo es firme y las pocas posibilidades de arreglo que existían desaparecieron cuando entró el vigor el Plan de Ordenación del Litoral, que califica la zona como de especial protección ecológica», aclaró el primer edil en referencia al área que ocupan las viviendas.

Las familias afectadas acogieron la noticia con resignación. «Van a empezar por los bloques vacíos, pero luego llegará el momento de derribar las casas habitadas», lamentó Esteban Alday, portavoz de los residentes en la urbanización. A su juicio, la decisión del Ayuntamiento de Arnuero abre la puerta a que otras viviendas condenadas a la piqueta sean demolidas. Hasta ahora, 16 zonas residenciales de Cantabria han sido declaradas ilegales por irregularidades urbanísticas.

«Poca sensibilidad»

Ante la inminencia de los derribos, Alday quiso dejar «bien claro» que no van a abandonar sus hogares sin «una indemnización justa». Sin embargo, esta posibilidad ha sido desestimada por el Tribunal Supremo, que en su momento dictaminó que no se pagará nada hasta que no se hayan producido los desmantelamientos.

El inicio del proceso de demolición en Arnuero fue recibido también con desilusión por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a más de 2.000 personas. «Las instituciones demuestran una vez más que tienen muy poca sensibilidad», criticaron.

Piqueta inexorable

SANTIAGO GONZÁLEZ/

El Ayuntamiento de Arnuero acaba de aprobar el expediente de derribo de 24 viviendas, las primeras de las condenadas por el Tribunal Supremo después de un calvario que dura ya doce años para las 500 familias, vizcaínas en su mayoría, que un buen día invirtieron sus ahorros o su capacidad de endeudamiento en la compra de una segunda vivienda en Cantabria.

La historia es tan sencilla como habitual en estos lares. Las víctimas de esta historia compraron su pisito después de asegurarse de lo normal: que la empresa constructora tenía los permisos de construcción, de habitabilidad, que no tenían cargas, en fin todas esas cuestiones burocráticas con que las administraciones (en este caso local y autonómica) bendicen la apoteosis del ladrillo. ¿Quién de entre los confiados compradores iba a suponer que el Plan General de Ordenación Urbana era ilegal, que así lo iban a declarar los tribunales ante las denuncias de los ecologistas y que las administraciones responsables se iban a llamar andanas?

El Ayuntamiento de Arnuero, que no ha conseguido dinero para indemnizar a los propietarios, sí ha logrado reunir un millón de euros para poner en marcha la piqueta para después del verano. De momento, esta demolición va a tener un carácter experimental, una especie de ensayo general con todo, porque son 24 viviendas no terminadas.

Los vecinos han creado una Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y se muestran dispuestos a todo. Preferirían conservar sus casas, pero si no puede ser, exigen justamente que se les indemnice en consonancia con el valor real de su vivienda y por los sinsabores que han atravesado en los últimos doce años. AMA se entrevistó en febrero con el presidente autonómico, Revilla, este pintoresco dirigente que va en taxi a los sitios para ahorrar y lleva siempre unas latas de anchoas para regalar. Dio buenas palabras a sus visitantes, pero ayer en el Gobierno que preside nadie quiso hacer declaraciones sobre el asunto.

«Vivimos una agonía a plazos»

Los vecinos de El Encinar, en Arnuero, afrontan con inquietud el anuncio del derribo de los dos primeros bloques de viviendas y advierten de que no se van «a quedar quietos»

HELENA RODRÍGUEZ/ARNUERO

El sol y la agradable temperatura invitaban ayer a muchos de los propietarios de los apartamentos de la urbanización El Encinar, en la localidad cántabra de Arnuero, a visitar sus casas. Muchos habían desayunado con la noticia de que el Ayuntamiento ha decidido derribar dos de los bloques que componen el núcleo residencial después del próximo verano. Una vuelta de tuerca más en la situación que sufren, desde hace casi doce años, las 144 familias que habitan una zona condenada a la piqueta por el Tribunal Supremo.

«Cada vez que sale algo nuevo en la Prensa volvemos a angustiarnos», lamenta Txema Sánchez, un bilbaíno que junto a su esposa, María Ángeles Uriarte, compró una de las viviendas en 1994. El matrimonio, uno de los primeros en llegar, insiste en dejar muy claro que la urbanización «no está en medio del encinar, ni sobre la playa».

«Esto no son chalés de lujo, sino apartamentos de 45 ó 50 metros cuadrados. Para muchos son su segunda residencia, pero hay otros que viven aquí», puntualizan. Pese a que el inicio de los trámites para demoler dos bloques, deshabitados e inacabados, acerca aún más el desmantelamiento de sus casas, la pareja, como el resto de los habitantes de la urbanización, se niega a arrojar la toalla y se resiste a creer «que los vayan a tirar».

Sin explicación

«Cuando vinimos aquí y hablamos con la constructora no había ningún problema. Luego, con las denuncias, las cosas empezaron a complicarse, pero pensamos que la Justicia nos ayudaría. Después la bola fue creciendo. La ley no nos ayuda y los políticos dan buenas palabras, pero luego no hacen nada», critica Txema. A su lado, su hija Eider, de doce años, juega con una pelota. «Nació cuando compramos esta casa, ha pasado todos los veranos y fines de semana de su vida aquí, y no entiende por qué van a derribar nuestro hogar. Nosotros, los adultos, tampoco sabemos explicárselo», admite.

No muy lejos, Fernando limpia el pequeño jardín situado delante de su casa. «Levantarme por las mañanas y escuchar el canto de los pájaros es una maravilla», asegura este cántabro que aprovecha «cualquier momento libre» para acudir a Arnuero. Con gesto serio y voz pausada, siente que las administraciones les «han tomando el pelo» y describe la situación de los propietarios, que se alarga desde 1994, como «una agonía a plazos». «El Ayuntamiento ahorra dinero para tirar la urbanización. No entiendo por qué con ese dinero no nos indemnizan», manifiesta. La sensación de indefensión también ha calado en él que, como el resto, recuerda que lo único que hizo en su momento fue «juntar unos ahorros, con mucho esfuerzo, para comprarme una vivienda en un lugar que conocí casualmente y me encantó».

Maite y su marido volvían ayer a Arnuero desde Bilbao. «No hemos estado desde el puente de la Constitución. Venimos a limpiar y ver cómo está todo», reconoce la mujer. Ellos, como el resto, no quieren el dinero de las posibles indemnizaciones -caso de materializarse el derribo- sino «que legalicen la situación». No obstante, advierten que no están dispuestos a abandonar su casa sin que les paguen «una cantidad justa». Por el momento, «parece que este verano lo pasaremos aquí, pero no nos vamos a quedar quietos mientras tiran nuestra casa», anuncian.

La Asociación AMA, que agrupa a más de 500 familias, realizará el próximo día 16 de Abril un acto de Homenaje a las personas que han sufrido de una manera más intensa la injusticia producida por actuaciones de las Administraciones Públicas que condenan sus viviendas al derribo.

AMA hará una mención especial a la situación en que se encuentran los mayores Ellos que con los ahorros de toda una vida de actividad laboral han comprado su vivienda y que ahora ven cómo la misma se encuentra en peligro.

Muchos son los miedos, sinsabores, incomprensiones; muchas las noches sin dormir, cuántas reuniones con abogados, peritos, ayuntamientos, etc. Su único “pecado” ha sido comprar una vivienda que las administraciones les habían asegurado que eran legales, para después, esas mismas administraciones, decirles que tienen que derribarlas.

Este colectivo es especialmente sensible, sufriendo en sus carnes, además de la injusticia, la soledad. Quienes tienen el deber de defender sus derechos, los poderes públicos, no sólo no lo han hecho, sino que son los culpables de su situación.

Ni ellos ni ninguna persona de buena voluntad puede entender que trabajes toda tu vida para que, sin haber cometido delito alguno, quieran acabar con tu casa.

Las depresiones, el estrés y otras situaciones críticas se repiten en este colectivo sin que por parte de los Poderes Públicos se de una respuesta a esta situación.

En algunos casos estas personas llevan más de 10 años viviendo con este miedo y esta tensión, sin poder disponer de su patrimonio, ni para una operación o para ayudar a aquel hijo que se ha quedado en el paro o que lo necesita. Pero esos poderes públicos dicen que no se ha producido el daño.

¿Cómo es posible que esté sucediendo esto?. Se conoce a los culpables, los que han cometido los delitos, faltas, errores... pero esa gente no tiene ningún proceso pendiente. Sin embargo, nuestros mayores todos los días se acuestan pensando que puede ser mañana cuando alguien llame a su puerta para decirle que van a derribar su vivienda, su hogar, construido con el trabajo y amor de toda una vida.

En más de una década que llevan con esta situación algunos ya nos han dejado, otros están en una situación muy difícil, y los más jóvenes empezamos a peinar canas con este problema, las que nos salen con el paso del tiempo y sobre todo las que nos producen los disgustos de vivir día a día esta situación tan incomprensible e injusta.

El martes pasado María, de 68 años, me decía: "¿Qué hemos hecho mal, Antonio?, mi marido ni quiere hablar de este tema, está totalmente deprimido, apenas sale de casa, y se echa la culpa no sabe si de su mala suerte o de no tener valor para hacer una barbaridad".

Las lágrimas de María no las verán ni los responsables políticos, ni los jueces, ni los que dicen que el daño no se ha producido, ni siquiera sus abogados, pero a los que sabemos de la bondad de María y de esta injusticia sí que nos llega a lo más intimo.

Por ello, con todo nuestro sentimiento queremos realizar un homenaje a estos amigos que como María lloran su pena en soledad. Les han robado la ilusión, pero que al menos sientan el cariño de los que les comprendemos y diciéndoles que no están solos.

Para ello se agradece la presencia de todo el que quiera mostrar su solidaridad con este colectivo el Domingo 16 de Abril a las 13 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander.

Antonio Vilela Fernández
Presidente de AMA

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), formada por los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas, ha asegurado que en Cantabria las administraciones pendientes de mandar la documentación al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, como el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, han enviado ya la información requerida.

El presidente de la AMA, José Antonio Vilela, señaló que «tan sólo queda el Ayuntamiento de Escalante donde su alcalde, Pedro José Jado, ha señalado que no sólo quiere mandar información, sino posibles soluciones. Debido a que se trata de una Corporación pequeña, se ha retrasado el envió y lo hará la próxima semana».

La AMA considera «muy importante la actuación de esta institución encabezada por Enrique Múgica, por su credibilidad por ser el alto comisionado de las Cortes Generales, al servicio de los ciudadanos, para defender sus derechos y libertades frente a la actuación de cualquier Administración, así como por demostrar su sensibilidad hacia las víctimas de las sentencias de derribo recibiendo a sus representantes y comprendiendo su situación de angustia».

Gorostiaga

Representantes de este colectivo se reunirán durante este mes de marzo con la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en su camino por buscar soluciones al colectivo de más de 2.000 personas, que «después de más de 12 años sigue pendiente de poder dormir tranquilo en su vivienda, ya que la misma pueda ser derribada por las actuaciones de las Administraciones».

Compromiso de Revilla con la AMA para evitar los derribos de sus viviendas
ROBERTO ALONSO/SANTANDER

«El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asegura que nuestra situación es un error administrativo y estudiará con los técnicos y hablará con las instituciones implicadas para resolver la situación». Así lo anunció ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que junto a Joaquín Alfageme, de Argoños, y Marcos Campo, de Liencres, se entrevistó ayer con Revilla. en la sede del Gobierno de Cantabria.

Los representantes de la AMA le indicaron al presidente cántabro que tienen mucha esperanza en los Planes Generales de Ordenación Urbana que «se están redactando con el fin de que no exista nada indebidamente construido». Vilela puso como ejemplos, que «en Escalante se intentará corregir la excesiva volumetría del edificio Las Torres, y que en Argoños se resolverá la distancia entre colindantes o el impacto visual que pueda existir».

En lo referente al municipio de Piélagos, que lleva muchos años sin aprobar su PGOU, la AMA ha pedido a Revilla que si en un plazo prudencial el Ayuntamiento y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo no aprueban el plan, se le quiten las competencias urbanísticas. «La Junta de Andalucía, por un lado, ha resuelto casos de urbanizaciones que estaban en nuestra misma situación y por otro lado ha quitado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella», declaró Antonio Vilela, que se mostró partidario de aplicar el derecho comparado.

Parlamento

Otro de los aspectos tratados fue que el Parlamento de Cantabria apruebe unas modificaciones urbanísticas que hagan posible la legalidad de las viviendas y que se pronuncie reconociendo la situación de injusticia que vive el colectivo y que se les conceda a los afectados el status de víctimas. Igualmente, Vilela anunció que consideran oportuno